Foto de archivo
Desde el 15 de septiembre, ningún aguacate mexicano puede salir del país sin un Certificado Laboral para la Agroexportación, que se tramita en la plataforma VELAGRO de la Secretaría del Trabajo; siendo la primera vez que México exige cumplir la ley laboral para exportar.
Aunque la industria y otros actores del sector lo celebraron, Alejandro Martínez Araiza y el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) marcan distancia y cuestionan los requisitos para obtener dicho instrumento.
El dirigente está de acuerdo con el principio; no obstante, dice: «si quieres exportar, cumple con tus trabajadores».
Sin embargo, el líder sindical señala que las reglas publicadas en el Diario Oficial no son suficientes; toda vez que el certificado, afirma, «certifica bases de datos, no condiciones de trabajo».
Según Martínez Araiza, el trámite en la plataforma VELAGRO solo revisa los registros patronales ante el IMSS y el pago de cuotas; «se llama certificado laboral y lo que mide es afiliación», dijo.
Un jornalero puede estar dado de alta con salario mínimo, ganar en realidad el doble sin cotizar y cortar a ocho metros de altura sin arnés. Aun así, su patrón obtendría el certificado.
Y la brecha es amplia; de más de 120 mil jornaleros en el aguacate michoacano, cerca de 22 mil cuentan con seguridad social. Y la informalidad en el campo ronda el 87%.
El líder sindical también cuestiona que se considere entregado el certificado si la autoridad no responde dentro de cinco días hábiles.
«Un certificado que se obtiene por silencio no es un certificado. Es un permiso», destaca.
Alejandro Martínez Araiza también identifica tres excepciones en las reglas:
El inicio es aún más flexible. En diciembre, solo se pedirá que una cuarta parte de la cadena tenga registro patronal. El requisito del 100 por ciento se pedirá hasta marzo de 2027.
“Un trámite discrecional, sin visitas a huertos ni empaques, que abre la puerta a un mercado de 3 mil 600 millones de dólares anuales, puede generar corrupción”, advirte Martínez Araiza.
El secretario general del SNAC precisa que en Uruapan ya hay quien cobra uno o dos pesos por kilo exportado sin ningún papel del gobierno. Cuando el papel exista y valga la entrada a Estados Unidos, alguien va a ponerle precio.
También dijo que no está de acuerdo con que solo se considere productor a quien tenga cinco hectáreas o más. Además, el dirigente pidió que se explique cómo se protegerán los datos de los huertos, ya que la Secretaría «podrá difundir y publicar» esta información.
Alejandro Martínez Araiza y el sindicato proponen seis ideas; quieren que haya verificación en sitio con sindicatos legítimos y trabajadores, empezando en Uruapan.
Además, piden que el certificado mida libertad sindical, salario real y seguridad; solicitan eliminar las tres excepciones; proponen consecuencias públicas y automáticas para exportadores que no cumplan la ley.
Finalmente, plantean un canal anónimo de denuncia, que el SNAC ya ofrece por WhatsApp con Inteligencia Artificial (IA) y también buscan coordinación con el T-MEC y las inspecciones del USDA.
Asimismo, proponen ampliar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para que cubra toda la agroindustria de exportación y que incluya temas de salarios, jornada laboral y seguridad.
Así, dijo Alejandro Martínez Araiza, «el certificado abre la puerta; mientras que el mecanismo la cierra cuando alguien miente».
Para el secretario general del SNAC, el mayor peligro es que el certificado se use en la revisión del T-MEC como prueba de que México ya cumple.
«Si el gobierno lo corrige, lo defenderemos en Washington como nadie», concluyó.
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