El Gabinete de Japón aprobó el 10 de abril un proyecto de ley que reclasifica al sector crypto como instrumento financiero bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa (FIEA) enmendada.
Este movimiento extrae a los activos digitales del marco de la Ley de Servicios de Pago, colocando a las criptomonedas en Japón bajo el mismo estatus legal que las acciones y los bonos tradicionales.
El cambio no es una simple limpieza regulatoria, sino una reestructuración profunda con garras coercitivas. Las penas máximas de prisión para vendedores no registrados saltan de 3 a 10 años, mientras que las multas ascienden de 3 a 10 millones de yenes.
Además, el uso de información privilegiada (insider trading) sobre datos no revelados queda ahora explícitamente prohibido.
Esta transición normativa se ve reforzada por las directrices de la Agencia de Servicios Financieros (FSA), que recientemente enfatizó la adopción de nuevas políticas de ciberseguridad y revisiones en las guías contra el blanqueo de capitales (AML) vigentes desde finales de marzo.
Fuente: yahoo
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