Seguridad

Iniciativas de ciberseguridad amenazan derechos humanos en México

Las iniciativas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Morena buscan modificar y expedir diversas legislaciones en materia de ciberseguridad y amenazan derechos como la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet de acuerdo.

Las organizaciones Artículo 19, Luchadoras, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. C., la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC firmaron un documento en el que expresan su preocupación por las propuestas de regulación de seguridad del ciberespacio mexicano.

Estas organizaciones de la sociedad civil pidieron que se instaure un proceso de parlamento abierto el cual asegure que “cualquier legislación en materia de ciberseguridad respete los derechos humanos y contribuya realmente a la seguridad de las personas usuarias de tecnologías digitales en México”.

A principios de 2019, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de decreto para modificar el Código Penal federal respecto de los ciberdelitos. El propósito de esta iniciativa era expedir una Ley de Seguridad Informática, que agrupara a estos delitos informáticos y en la que se contempla la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Informática (ANSI).

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad para que tanto las regulaciones en materia de seguridad de la información como los delitos cibernéticos que se cometan sean normados y sancionados por una nueva Ley General de Ciberseguridad.

De acuerdo con las organizaciones, ambas iniciativas proponen la creación de listas de nuevos tipos penales “amplios, vagos e imprecisos” los cuales, aseguran, criminalizan expresiones en línea, usos de tecnología legítimos y cotidianos; además de que amenazan la actividad de investigadores de seguridad, lo cual atenta contra el supuesto objetivo de las iniciativas de proteger la seguridad informática.

EDITORIAL

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