La narrativa gubernamental sobre una incautación récord de hidrocarburos en el Bajío quedó desmentida tras la apertura de la información técnica del caso. Los 59 millones de litros intervenidos en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, corresponden, en realidad, al inventario de combustible asegurado en Guanajuato, perteneciente a empresas privadas e instancias oficiales del sector energético.

El origen de la confusión y los señalamientos de los analistas

El expediente se desprendió de una revisión de rutina realizada en julio a un autotanque en el municipio de San Luis de la Paz. A partir de esa diligencia, una publicación en redes sociales del Secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato calificó el complejo de La Fragua como un enclave clandestino.

La postura fue rebatida de inmediato por especialistas de la industria. En entrevista con el periodista Pepe Cárdenas, el consultor energético Gonzalo Monroy advirtió que la autoridad actuó con datos erróneos: “no se trata de huachicol ni de una red criminal, sino de un centro logístico privado que opera con total legalidad para abastecer al Bajío”.

Monroy precisó el modelo operativo de la terminal al señalar:

“El sitio funciona únicamente como una terminal de almacenamiento para terceros. Su labor se limita a rentar el espacio de sus 10 tanques a empresas privadas y no es dueña de la gasolina que almacena”.

Contratos internacionales y supervisión de las Fuerzas Armadas

Los tanques del complejo resguardan productos de consorcios internacionales como Shell, ExxonMobil, Marathon y Valero. A estas firmas se suma PMI Comercio Internacional, el brazo comercializador de Petróleos Mexicanos en el mercado exterior. La infraestructura almacena gasolinas, diésel y turbosina destinados al suministro del Aeropuerto Internacional del Bajío.

Respecto a las versiones de contrabando, Monroy descartó cualquier irregularidad en el origen de las cargas y recordó que “el producto ingresa a México por ferrocarril tras ser revisado e inspeccionado directamente por las Fuerzas Armadas en las aduanas fronterizas”. Los trenes unitarios cruzan las aduanas del norte con pedimentos certificados, pagos de los derechos y el aval de los elementos militares desplegados en los recintos fiscales.

La planta de San José de Iturbide cuenta con antecedentes clave en el mapa de distribución a nivel nacional. En el primer trimestre de 2019, durante el periodo crítico de desabasto provocado por el cierre temporal de ductos de Pemex, estas instalaciones brindaron soporte técnico para evitar que el centro del país colapsara por falta de gasolina.

El escenario procesal ante la Fiscalía General de la República

El producto permanece bajo custodia del Ministerio Público Federal mientras se integra la carpeta de investigación. De acuerdo con consultores jurídicos del sector, el proceso se resolverá tan pronto como las compañías petroleras y la empresa de almacenamiento exhiban los contratos de depósito mercantil, las facturas fiscales del SAT y las validaciones de importación.

Una vez acreditada la procedencia legal de los 59 millones de litros, la autoridad ministerial no solo estará obligada a levantar las medidas cautelares sobre el inventario, sino también a rectificar públicamente los partes oficiales emitidos.

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