Los colombianos que compran, venden o mantienen criptomonedas enfrentan un escenario que puede parecer contradictorio: la DIAN ya tiene herramientas para conocer información sobre las operaciones con criptoactivos, mientras el Congreso archivó el proyecto que buscaba establecer reglas específicas para las plataformas que administran estos activos.
La diferencia es relevante para cualquier persona que tenga criptomonedas, pero también para las empresas que operan en este mercado. Colombia avanzó en materia de información tributaria y prevención del lavado de activos, pero todavía no cuenta con un régimen integral que establezca, entre otros aspectos, cómo debe funcionar la custodia de los recursos de los usuarios, qué garantías deben ofrecer las plataformas o quién debe supervisarlas directamente.
La situación adquiere mayor importancia por el tamaño que ha alcanzado el mercado. Chainalysis calculó que Colombia recibió US$44.200 millones en valor de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, el quinto mayor volumen de América Latina. La medición corresponde a actividad observada en cadena y no equivale a dinero declarado, inversión productiva, ganancias ni número de usuarios.
